Cartilla en mano, un anciano temeroso acude a la ventanilla de un banco. «Quiero sacar 500 euros», espeta. Le acompaña su hijo o un cuidador, que son quienes le han coaccionado para extraer ese dinero. Su cuenta corriente cada vez tiene menos ceros. Detrás de todo: amenazas con no dejarle ver a los nietos o con mandarle a una residencia. La Fiscalía de Valencia persigue con ahínco los casos de abusos económicos a mayores y discapacitados. Ahora está dispuesta a dar un paso más para impedir estos fraudes. Los saldos bancarios de las personas más vulnerables podrán ser vigiladas desde los juzgados.
«Estamos pendientes de realizar una instrucción a nivel autonómico del control de todos los movimientos bancarios de aquellas personas en situación de discapacidad que puedan significar alarmantes y la notificación a la Fiscalía para que se prevenga de esta forma el expolio definitivo», anunció el actual teniente de la Fiscalía de la Comunitat y hasta ahora fiscal coordinador de la sección civil, Gonzalo López Ebri.
El ministerio público de Valencia ha sido animado «por la propia Fiscalía General del Estado» para poner en marcha esta comprobación de las cuentas bancarias sospechosas de estafa, según apuntó López Ebri.
Y es que, entre las irregularidades más preocupantes que han llegado a manos de la Fiscalía de Valencia, se encuentran las de quienes «averiguan el pin de la tarjeta de crédito del mayor y van extrayendo el dinero que quieren a sus espaldas».
La Comunitat se ha convertido en un referente en la lucha contra los timos. Los resultados del protocolo valenciano en defensa de los discapacitados hablan por sí solos. Tal y como apuntó ayer LAS PROVINCIAS, la vigilancia sobre los cuidadores y tutores de estas personas es prácticamente total. A ello se suma el control de las personas ingresadas en las residencias y sus guardadores de hecho. La Fiscalía General del Estado no sólo ha elogiado estas actuaciones sino que también las han trasladado a otras autonomías.
Los expertos vienen alertando desde hace unos años del abuso económico a las personas más indefensas. Los casos más frecuentes consisten en falsificar la rúbrica, cobrar sus cheques sin autorización y chantajear o engañar al incapacitado para firmar un contrato e incluso el testamento. En general, suelen verse más afectadas las mujeres que los hombres.
http://www.lasprovincias.es/v/20100415/comunitat/cuentas-discapacitados-seran-vigiladas-20100415.html
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