El Consejo de Ministros ha aprobado un informe que adapta la legislación española a la Convención de la ONU sobre Derechos de los discapacitados, tal y como ha anunciado la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.
Según la vicepresidenta, el informe plantea ajustes normativos en diversos campos que tendrán "incidencia directa en la vida cotidiana de los discapacitados", como el sanitario, la legislación civil y mercantil o el mercado laboral.
Las reformas en los distintos ámbitos
En materia de principios básicos, el informe propone establecer una nueva definición de discapacitado más amplia que supere la contenida en la Ley de Igualdad de Oportunidades.
En el ámbito sanitario, sugiere introducir medidas para que los discapacitados puedan tomar por sí mismos decisiones en procesos como trasplantes o ensayos clínicos.
Por otro lado, el informe trata de favorecer la igualdad de trato en cuestiones como el matrimonio, la familia, la paternidad, y aumentar al 7% el cupo de reserva de empleo público para los ciudadanos con discapacidad.
En legislación civil, mercantil y penal las propuestas de reforma incluidas afectan a cuestiones de Derecho Civil y de Derecho Procesal, para garantizar la igualdad en el reconocimiento como personas ante la ley, en el acceso a la Justicia. Para ello, se propone eliminar de la normativa términos peyorativos como "incapaz" o "minusválido" y sustituirlos por "persona con discapacidad".
En definitiva, ha subrayado la vicepresidenta, son medidas "que comportan un cambio en el concepto mismo de discapacidad, que ya no debemos considerar como una preocupación de bienestar social, sino como una cuestión básica de derechos humanos".
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/03/30/solidaridad/1269966622.html
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